La situación de necesidad y de un nuevo reenfoque de las organizaciones ciudadanas, como las Universidades Populares (en adelante UU. PP.) obliga al desarrollo de nuevos modelos de gestión y de relación con la ciudadanía. Esto incluye una nueva concepción del trabajo y las relaciones IN-OUT de estas organizaciones y, además, el desarrollo de nuevas capacidades empezando por el nivel de dirección, aunque haciendo partícipes de los procesos a todas las personas y niveles que se relacionan en los escenarios de las Universidades Populares.

Los proyectos sociales que se eternizaban han desaparecido, ya que los cambios continuos en el sistema ―sobre todo en estos escenarios, muy cercanos o dentro del sector público―, los nuevos enfoques y necesidades sociales, los nuevos tiempos acelerados por la pandemia de la COVID-19, los compromisos de las personas voluntarias y la menor financiación y la mayor competencia para esta obligan a todos los equipos de nuestras organizaciones al desarrollo de proyectos con mayor impacto, más exigentes en la planificación y en la rendición de cuentas, más productivos, innovadores, ágiles y más “sintonizados” con la ciudadanía, y todo ello sin perder el enfoque en los derechos como piedra angular, lo que debe seguir caracterizando la intervención sociocomunitaria.

Apostar por nuevos espacios en el marco de las UU. PP. y en el de esta nueva/próxima normalidad derivada de la pandemia ―de la que parece que ya estamos en la puerta de salida― no es una necesidad, sino una exigencia de participación democrática, por cuanto que estas organizaciones educadoras son aliadas indispensables del sector público en la medida que estas, en un alto porcentaje, cogestionan servicios y programas con financiación pública.

Pero no debemos engañarnos: las UU. PP. deben enfocarse hacia una evolución, una profunda transformación organizacional con un mayor peso muy relevante en los escenarios, con herramientas y mejores competencias digitales y como oportunidad, muy orientadas a una corresponsabilidad y derechos relacionados con el planeta, las personas y la prosperidad, elementos indispensables de la Agenda 2030 de la ONU y el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Será necesaria la alineación de los equipos de personas entorno a estas realidades y en el marco de una nueva cultura de trabajo expresamente orientada a los resultados de calidad y basada en la participación democrática, la excelencia operativa, la proximidad y la confianza interna y externa, utilizando nuevos enfoques de los derechos, como los enunciados en la Agenda 2030, así como metodologías y herramientas que armonicen sus estrategias organizacionales y planes anuales y se puedan adaptar a una sociedad líquida con una velocidad de cambio constante, ya en aceleración.

Para todo esto es necesario repensar los modelos relacionales de dirección, gestión e intervención de las Universidades Populares y adecuar sus equipos de trabajo para dar respuesta a los nuevos tiempos en los que vivimos (la llamada «nueva normalidad»).

Este “repensar” está obligando a numerosas organizaciones a planificar nuevos modelos de gestión que, entre otras condiciones y características, incluyan una nueva concepción del trabajo, nuevos modelos relacionales y el desarrollo de capacidades novedosas, como las metodologías ágiles de participación con la utilización de herramientas digitales.

Así pues, nos vamos a centrar en realizar solo una aproximación al conocimiento de algunos nuevos argumentos sobre la participación democrática en las Universidades Populares, junto a algunos aspectos metodológicos digitales que podríamos utilizar en los nuevos enfoques participativos.

¿A qué nos referimos exactamente con «participación ciudadana»?

Cuando nos referimos a ello, nos estamos refiriendo al desarrollo de un derecho fundamental a través de un conjunto de estrategias y nuevas ofertas de servicios que pueden ser implementadas en nuestra Universidad Popular, junto a la ciudadanía (individual y colectiva) y siempre en relación con la mejora de su calidad de vida y su bienestar.

Por ello, cuando hablamos de participación ciudadana en el marco de, por ejemplo, un municipio hablamos de:

• Construir y consensuar el modelo de ciudad que queremos para el desarrollo estratégico del territorio.
• Impulsar un nuevo estilo y nuevas prácticas de gobernanza en torno al gobierno abierto (participación, transparencia, rendición de cuentas y Administración electrónica).
• Construir transversalidades reales y efectivas basadas en procesos de innovación abierta como nuevo enfoque para una cultura de trabajo desde lo público orientada a una mejor toma de decisiones.
• Apostar de forma decidida por nuevos modelos relacionales y metodologías para procesos de participación democrática, la reinvención de los espacios presenciales y las TIC 2.0/3.0.
• Diseño multinivel, evaluación, seguimiento y obtención de resultados en políticas, servicios y equipamientos.
• Rediseñar e impulsar una relación abierta y declarada de lo público-privado (instituciones, empresas y tercer sector).
• Comunicación interna y externa eficaz y eficiente al servicio de la relación entre la ciudadanía y la Administración.

Acerca de la utilidad que tiene para las UU. PP. dinamizar el derecho a la participación ciudadana, podemos mencionar que:

• Mejora el proceso de toma de decisiones, tanto institucionales como técnicas.
• Incrementa la transparencia y rendición de gestión de la UP.
• Amplía el nivel de compromiso con la ciudadanía.
• Es flexible y adaptable a la voluntad de cada Universidad Popular, ya que ofrece diferentes niveles de participación.
• Facilita la transversalidad, ya que es susceptible de ser usado por las diferentes áreas del ayuntamiento donde esté inmersa la UP.
• Permite el ahorro de recursos en términos de procesos y de tomas de decisiones fortalecidas y con enfoques correctos en cuanto a utilidad y eficiencia.

Para la ciudadanía que participa de las UU. PP.:

• Fomenta la democracia participativa y nuevos valores de corresponsabilidad de las UU. PP. en la vida local.
• Promueve la participación responsable (valores éticos, participación transparente y abierta, normas de uso predefinidas y participadas).
• Construye y aporta conocimiento sobre nuevos modelos relacionales con la ciudadanía.
• Además de la participación junto a otras organizaciones locales (formales y no formales), permite la participación individualizada como derecho fundamental.
• Posibilita conciliar la vida familiar y mejora la gestión de los tiempos de la ciudadanía.
• Facilita el acceso a la información y los canales de participación.
• Permite la inclusión de colectivos específicos que quizás no participarían mediante otros canales.

Aproximación a la participación como enfoque metodológico de empoderamiento de la ciudadanía

La participación ciudadana se muestra clave en los procesos metodológicos de intervención en las Universidades Populares, las cuales trabajan para conseguir el empoderamiento de las personas, ya sean estas las destinatarias de sus proyectos y servicios ―como los profesionales― o la red de personas colaboradoras de estas organizaciones. En definitiva, una ciudadanía activa, crítica y comprometida con su propio desarrollo y el de su comunidad.

Conocer sus mecanismos, potencialidades y dinámicas para la transformación social es fundamental para reforzar el trabajo diario de las UU. PP. o de cualquier organización social, y es por ello por lo que debemos apostar por una nueva forma de entender la participación, una nueva cultura de la participación ciudadana donde realmente se cuenta con la ciudadanía en todo el proceso a partir de su implicación real en los problemas y situaciones que le afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones.

Hoy en día, todo proceso educador en torno a la participación ciudadana refuerza, además, los valores democráticos, cuestión que empieza a ser clave en nuestra sociedad, cada vez más polarizada y con estados de ánimo colectivos más adversos y negativos.

Punto de partida: las políticas públicas sobre la participación ciudadana

Avanzar en la implicación de la ciudadanía en cuanto a las decisiones y las actuaciones administrativas y gubernamentales es una necesidad a la que las Administraciones deben dar respuesta no solo para satisfacer voluntades participativas, sino para poder responder y aportar soluciones a los problemas complejos de nuestra sociedad, para los que no son suficientes las respuestas exclusivamente técnicas.

La participación pública, además de constituir una herramienta eficaz para la gobernanza de las políticas públicas, constituye un principio constitucional (artículos 9.2 y 105 de la Constitución Española) y general de actuación administrativa (artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) que indica que todas las Administraciones públicas están obligadas a desarrollar el derecho de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.

Constituye, igualmente, una exigencia y un objetivo derivados de nuestra normativa internacional y europea, que, entre otras muchas disposiciones, incluye el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, aprobado en 2001 por la Unión Europea. Este incluye cinco principios que constituyen la base de una buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. Así mismo, en el Título II (Disposiciones sobre los principios democráticos) del Tratado de Lisboa se establece, en su artículo 8 A.3, que todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos.

Afirmación sobre las políticas públicas de participación ciudadana

El concepto y las prácticas de la participación ciudadana, la concertación social y la democracia participativa en absoluto son aspectos de nuevas políticas. Por el contrario, estos procesos sociales, asociativos y políticos han sido y son ejercidos por organizaciones y colectivos ciudadanos desde los inicios de nuestra transición democrática (aunque con diferentes ritmos autonómicos y diferentes calidades en los procesos). Sin embargo, en la actualidad cobran relevancia como capital social valorándose muy positivamente al irrumpir en la agenda pública con mucha fuerza y mayor visibilidad y necesidad.

En esta concepción democrática compartida y participativa del pasado, el presente y los nuevos tiempos que hemos de vivir conjuntamente, el concepto de la participación está siendo reconstruido desde tres ideas afirmativas:

• Idea primera. La participación siempre fue, es y será un derecho.

La participación es un derecho de la ciudadanía asociado al hecho de participar activamente en la elaboración de las políticas públicas. Este concepto se encuentra íntimamente relacionado con la democracia participativa, cuyo objetivo es integrar todos los sectores de la sociedad (entidades territoriales, ciudadanos y ciudadanas, organizaciones y colectivos ciudadanos, expertos y expertas, profesionales, etc.) en los procesos de toma de decisiones. Se basa en ideas y valores de la democracia entendida como participación al considerarse que otorga un valor añadido a la política y contribuye a la buena gobernanza.

• Idea segunda. La participación siempre fue, es y será una necesidad ineludible.

Más allá de nuestros derechos, la participación es una creciente demanda social, un deber y una necesidad ineludible. Vivimos una época de profundos cambios donde las formas tradicionales de pensar los problemas y sus soluciones han quedado obsoletas, por lo que son necesarios nuevos procesos relacionales y de toma de decisiones junto a la ciudadanía. Es importante resaltar que los nuevos enfoques de participación ciudadana y proximidad en las políticas públicas son una necesidad insoslayable para poder hacer frente a los cambios sociales, económicos y políticos que estamos atravesando en la actualidad, en un debate que se inscribe en un proceso de reflexión sobre las funciones y los fundamentos de los gobiernos en esta sociedad, ya tecnológica, del conocimiento y la comunicación, y en la que vive y convive buena parte de la ciudadanía.

• Idea tercera. La participación es un camino.

La participación es un medio y no un fin en sí misma. El papel instrumental que han de ejercer las normativas sobre las políticas públicas de participación ciudadana tiene que verse realmente reforzado con la misión de abordar proyectos colectivos y objetivos comunes dotándolos de significado para la puesta en escena de una ciudadanía más activa y comprometida.

Se necesita convocar a las personas para el futuro, para la acción, y esta se promueve, por ejemplo, con una nueva visión de la participación ciudadana impulsora y comprometida con el progreso de la humanidad.

En este sentido, algunas de las estrategias de políticas públicas, en general, y la formulación de los contenidos trasversales de los procesos participativos en torno a estas estrategias, en particular, pueden servir para reforzar la utilidad de que estos desarrollos normativos ayuden desde los nuevos modelos de gobernanza a desarrollar y materializar esta estrategia buscando conectar los intereses y objetivos más particulares de la ciudadanía con los retos de nuestras comunidades, pero también con los grandes retos a los que nos enfrentamos a nivel mundial, como los declarados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 2015, replanteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda post 2015).

Nuevas rutas de participación en las Universidades Populares

Todos nuestros municipios y comunidades autónomas cuentan con un amplio tejido asociativo conformado por organizaciones ciudadanas que surgen de la libre iniciativa ciudadana con arreglo a diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro y que impulsan el reconocimiento, el ejercicio, la defensa y la consolidación de los derechos sociales.

No puede entenderse nuestro actual modelo de relación con la ciudadanía sin el aporte fundamental de este denominado «tercer sector» y su colaboración en la construcción de nuestra sociedad y en la defensa de nuestros valores democráticos y de los servicios públicos.

El tercer sector constituye, por tanto, un activo fundamental de nuestra sociedad. Por un lado, para configurarla como una sociedad justa, igualitaria, solidaria, cohesionada, participativa y democrática en cualquier coyuntura. Por el otro, para responder de manera más adecuada a las necesidades comunitarias mediante la colaboración entre sectores y con la participación de las propias personas destinatarias.

Además, y es una cuestión no menor, las organizaciones del tercer sector canalizan un importante capital social, relacional y humano, además de desarrollar una actividad económica relevante generando, a través de ella, un retorno no solo económico, sino también social, con impacto real y positivo en la creación de empleo mediante la colaboración en la provisión de servicios de responsabilidad pública y la generación de alternativas de empleo, principalmente, para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

Es muy importante señalar las innumerables experiencias históricas de las organizaciones ciudadanas como verdaderas «escuelas» democráticas y de participación, concebidas como espacios abiertos donde crear, aprender, escuchar, educar y conversar y llevar proyectos a la práctica, y donde las personas (usuarias, destinatarias, voluntariado, personal remunerado, etc.) encuentran un posible camino para su desarrollo personal y social. Las organizaciones ciudadanas también son espacios de pluralidad, pues en ellas deben tener cabida todas las ideas y tendencias sobre la base del respeto a las diferencias de ideas y de creencias en un espacio solidario donde compartir y colaborar rehusando lo excluyente, lo violento y lo elitista.

Por otro lado, la nueva gobernanza se refiere a la toma de decisiones conjunta por actores que se corresponsabilizan de los asuntos públicos sin que la delegación democrática de la representación anule, usurpe o desvirtúe la participación de la ciudadanía en las acciones de un gobierno.

Sí esta nueva gobernanza ahonda en el concepto de democracia participativa y, por tanto, en los nuevos modelos de relaciones con los vecinos y las vecinas de nuestras comunidades, las organizaciones ciudadanas ―entre las que hemos de incluir las Universidades Populares―, deben reenfocar la participación democrática interna en todos sus planes, programas, proyectos y servicios, y empoderar a todos los actores implicados e implicadas en su gestión “sincronizando” nuestras buenas prácticas como “escuelas de ciudadanía” con dicha nueva gobernanza, y, por tanto, hacia esos nuevos modelos relacionales con y desde las Administraciones públicas, así como los nuevos contextos internacionales donde parece que existe un estancamiento de los derechos sociales. Ello exige nuevos procesos de sensibilización, de uso efectivo de la tecnología, de educación, de formación y de pedagogía (divulgación), imprescindibles para ejercer y mejorar los derechos sociales de la ciudadanía.

Para finalizar, la ONU declaró en su día el año 2015 Día Internacional de la Democracia con el tema «Un espacio para la sociedad civil» como recordatorio para los gobiernos de todo el mundo de que el sello distintivo de las democracias exitosas y estables es la presencia de una sociedad civil fuerte y que funciona libremente, y en la que el gobierno y esta trabajan juntos en aras de objetivos comunes con vistas a un futuro mejor, y al mismo tiempo, la ciudadanía ayuda a que los gobiernos rindan cuentas y mejoren sus políticas públicas.

Condiciones básicas para el desarrollo de los procesos de participación ciudadana

Participar significa “ser parte”, ”tomar parte en algo”. También significa estar presente de forma activa, sumar, aportar, comprometerse, interactuar, transformar, implicarse… En definitiva, ¡vivir!

Así pues, la participación ciudadana sirve, fundamentalmente, para tomar la decisión de forma conjunta ante una situación, generalmente adversa, que nos preocupa, es decir, ante un problema presente o venidero. Sirve, igualmente, para tomar decisiones conjuntas con vistas a mejorar un derecho ciudadano o una norma que regule esos derechos.

Por lo tanto, antes de iniciar un proceso de participación ciudadana debemos tener claramente identificado el problema que queremos resolver de forma comunitaria a través de ese proceso.

Existen numerosas técnicas para la identificación objetiva de problemas y que en este artículo no vamos a desarrollar. Solo enunciaremos que una de ellas es la que denominamos “árbol de problemas”, que forma parte del método denominado Enfoque del Marco Lógico (EML). Es un método analítico para la planificación y la gestión de proyectos, fundamentalmente sociales y de desarrollo, orientada a objetivos y que facilita la identificación y formulación y ofrece las pautas para la ejecución y posterior evaluación mediante los indicadores de éxito que se establezcan.

Una vez identificado el problema o la situación, y de modo que exista un proceso participativo real y de calidad, es necesario que se den, al menos, las siguientes cuatro condiciones para afirmar exactamente que estamos desarrollando un proceso de participación ciudadana:

Modelos y metodologías para la participación ciudadana

Proponemos una metodología operativizada por un grupo de profesionales de Extremadura que, dentro del marco del proyecto Extremadura Participa de la Fundación Ciudadanía, desarrollan una serie de estrategias y herramientas a partir del marco teórico liderado por la Fundación Kaleidos y recogida en su libro Proximidad, nuevas tecnologías y participación ciudadana en el ámbito local.

Cada uno de esos tiempos se desarrolla a través de procesos de dinamización por parte de personas expertas en este tipo de procesos y de técnicas, dinámicas y herramientas tecnológicaspropias para avanzar en los procesos participativos.

• PRIMER TIEMPO: IDEANDO

En este tiempo se describe la propuesta completa del debate y toda la información complementaria. Se ocupa de la gestión de la idea, el diseño, la elaboración y la preparación del proceso participativo.

• SEGUNDO TIEMPO: INFORMANDO

Es el primer paso para informar a la ciudadanía, que está llamada a participar y comunicar adecuadamente en qué va a consistir el proceso, cuáles van a ser las reglas y requisitos y cómo van a poder participar si lo desean.

• TERCER TIEMPO: DIALOGANDO

Es la fase central del proceso participativo de la propuesta DIÁLOGOS: la fase de deliberación y debate.

• CUARTO TIEMPO: DECIDIENDO

Es la fase en la que los ciudadanos y las ciudadanas participantes pueden emitir su parecer a través de un voto en una consulta, de metodologías ágiles, de instrumentos tecnológicos, etc., sea vinculante o no.

• QUINTO TIEMPO: RESOLVIENDO

El proceso no debe concluir el día que los participantes han realizado su última intervención. El fin de las fases formales no supone más que el fin de las actividades de los ciudadanos y las ciudadanas, pero empieza entonces un período crucial en el que la Administración sigue teniendo obligaciones importantes con respecto al proceso.

Se trata de que el proceso no quede olvidado sin haber dado sus frutos, y, sobre todo, sin poder devolverle al ciudadano las conclusiones, los efectos y las evaluaciones de dicho proceso.

Para finalizar, señalamos dos recursos que nos parecen apropiados para este artículo:

1. El Gobierno de Navarra ha editado una guía práctica de herramientas presenciales y digitales para facilitar la participación ciudadana. Se puede descargar en http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/guiatecnicasparticipacion_castellano.pdf
2. Vídeo-fórum: «Cuatro sillas para tres». Vídeo de una obra teatral con la que se promociona la participación ciudadana en los asuntos públicos. Puede ser utilizada como recurso para sensibilizar acerca de los procesos de participación ciudadana o bien para ampliar los conocimientos y el debate en torno a este derecho.

El vídeo está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=er0hLTkFQKE&feature=youtu.be